Coatzacoalcos, Veracruz.– El periodista Rafael “Lafita” León denunció públicamente ser víctima de persecución política y fabricación de delitos por parte de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), luego de haber sido detenido en Nochebuena y presentado ante un juez bajo cargos de terrorismo, imputaciones que, asegura su defensa, carecen de sustento legal y probatorio.
De acuerdo con el propio comunicador, su traslado ante la autoridad judicial se realizó mediante un operativo de seguridad excesivo, similar al utilizado para personas vinculadas a delitos de alto impacto, lo que calificó como un acto de intimidación y escarnio público, más que una medida de seguridad.
Según la narrativa de la Fiscalía, encabezada a nivel regional por Karla Díaz Hermosillo, el señalamiento por terrorismo se sostiene presuntamente en un mensaje de texto recibido por el periodista, en el que un tercero le alertaba sobre la colocación de una manta.
Para la defensa, este elemento corresponde a una práctica habitual del ejercicio periodístico, y no constituye participación, encubrimiento ni mucho menos un acto terrorista.El caso ha generado preocupación entre el gremio periodístico debido a una serie de anomalías señaladas por la defensa y organizaciones locales.
Reactivación de una carpeta de investigación de 2023, que permaneció inactiva durante casi dos años y fue retomada tras la apertura de una nueva indagatoria reciente.Uso del tipo penal de terrorismo, considerado desproporcionado y riesgoso, al sentar un precedente que podría criminalizar la cobertura informativa de hechos de seguridad.
Señalamientos de animadversión personal y consigna política, denunciados directamente por el periodista tras salir de audiencia.El despliegue policial y el proceso judicial han sido interpretados por sectores del gremio como un mensaje de intimidación hacia periodistas que ejercen su labor en un contexto de violencia e inseguridad en la región sur del estado. En Coatzacoalcos, comunicadores advierten que el ejercicio periodístico se realiza bajo constante presión y riesgo.
Será este martes cuando el juez José Guadalupe Nucamendi determine si procede la imputación por terrorismo y encubrimiento, o si desestima los cargos por falta de elementos técnicos y legales, como sostiene la defensa del comunicador.
El caso ha provocado reacciones de solidaridad y pronunciamientos en defensa de la libertad de expresión, al considerarse un posible intento de criminalización del periodismo en Veracruz.