Las compañías, Facebook, Google, Mercado Libre y Airbnb, integrantes de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) pidieron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) un plazo de un año, para cumplir con las reglas del Paquete Fiscal 2020.

Señalaron que solicitan 12 meses, ya que eso tardó en Europa, donde en julio pasado, se logró establecer un impuesto de 3% a los ingresos de las empresas de la economía digital.

Si llegaran a tener más tiempo, pueden evitar que “se les baje el switch” e incluso, un apagón digital generalizado, lo que tendría un impacto de 6 mil 474 millones de pesos al día, lo equivalente a 0.3 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).

La miscelánea fiscal 2020 pretende establecer obligaciones a los prestadores de servicios digitales con residencia en el extranjero, sin establecimiento en México.

En el caso de las empresas que no pague la tasa del 16% de IVA, ni se den de alta ante el fisco, habrá sanciones administrativas, como suspensión de la conexión con los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones en México.

Además, se publicará una “lista negra” con el nombre de contribuyentes incumplidos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Diario Oficial de la Federación, con la finalidad de que los receptores de los servicios en territorio nacional no los contraten en un futuro.

Por su parte, representantes de las empresas advirtieron que si se realiza el bloqueo al internet, se afectará a todas las aplicaciones digitales, lo cual impedirá ver las conferencias mañaneras del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

“Si le bajas el switch a Spotify, le estaríamos bajando el switch a las aplicaciones de Google, al correo electrónico (GMAIL), a sus búsquedas y a los canales de YouTube; vaya, el propio canal del presidente no podría verse”, aseguró la directora de Asuntos Públicos de Google México, Lina Ornelas.

El gerente de Políticas Públicas de Airbnb, Jorge Balderrama señaló que este tipo de compañías extranjeras, no cuentan con un domicilio fiscal en México, pero sí, en sus países de origen.

La vocera y directora de ALAI, Sissi de la Peña consideró que estas nuevas normas, son medidas anticonstitucionales, que van contra convenios internacionales y de los derechos humanos.

El Universal

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