“La hipocresía es el colmo de todas las maldades.” – Molière.
Decía el poeta y filósofo español Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana que quien olvida su historia está condenado a repetirla. Su frase está escrita en la entrada del bloque número 4 del campo de Auschwitz.
Dicen los que saben de la historia de este nuestro amado México, allá por el 22 abril de 1853, los críticos de la dictadura de Antonio López de Santa Anna son acusados de subversión, sedición, inmoralidad, injuria y calumnia.
Para ello, el dictador, impuso una tabla de multas que oscilaba entre cincuenta y seiscientos pesos, en el caso de la prensa para garantizar el pago de ellas, los editores de los diarios debían depositar una fianza de entre tres y seis mil pesos en el Nacional Monte de Piedad para poder tener acceso a la libertad de expresión.
A 170 años de ese hecho, la lamentable regresión de acciones vuelve a México una nación que evidentemente no aprende de sus errores.
La propuesta presentada por la diputada morenista Bennelly Jocabeth Hernández para incrementar las multas a quienes injurien a funcionarios, como al presidente de la República, es la evidencia de dicha regresión.
Lo grave del asunto es que quien hoy es gobierno, se pasó 25 años acusando al anterior régimen de represor, de faltar a la sociedad en la impartición de sus derechos humanos, cuando observamos que son los militantes de la Cuarta Transformación quien propone y ejecuta ideas que son verdaderas acciones de violencia humana.
La reciente aprobación de la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados a la iniciativa de la legisladora Bennelly Jocabeth Hernández es la evidencia de esa intolerancia racional en su discurso.
Más grave es observar que el presidente de la Comisión el priista Alejandro Moreno Cárdenas el famoso “Alito” levantó la mano para aprobarla, exhibiendo su servilismo político a conveniencia.
Así, en la modificación al artículo 33 de la ley mencionada se establecería que las injurias vertidas contra el presidente de la República mientras ejerce sus funciones o con motivo de ellas, serían sancionadas con una multa que iría de las cinco a las 40 UMAS (unidad de medida de actualización). Así, alcanzaría hasta los 4 mil 149 pesos por mentarle la madre al presidente.
Las multas por injuriar a los servidores públicos se incrementan debido a que considera que las vigentes no inhiben los delitos. Así, por ejemplo, las injurias contra secretarios de Despacho, gobernadores, legisladores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México serán sancionadas con de cinco a 40 UMAS, cuando actualmente van de 50 a 500 pesos.
También es notable el aumento de las multas para los casos de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, jueces, coroneles y generales, que serían de 481 a 3 mil 848 pesos, mientras que ahora es de entre 50 y 300 pesos.
Para el caso de mandos policiales, agentes y a la autoridad, quienes los injurian hoy deben pagar una multa de entre 25 y 200 pesos; con la reforma, se incrementa a entre 481 y 962 pesos, mientras que, si se insulta a representantes acreditados de otros países, que hoy van de 50 a 500 pesos, aumentarán a cifras entre 481 y 3 mil 848 pesos.
Vamos que el México transformado por el presidente López Obrador y sus huestes es simplemente igual al que tenía en su momento el autoproclamado “alteza serenísima” así el nivel de regresión en este país.
Y aun cuando el presidente ha anunciado su veto a dicha iniciativa, la realidad es que no lanza un llamado a sus legisladores en ocuparse de temas verdaderamente importantes, como esclarecer las redes de corrupción y empresas fantasmas que comienzan a salir en Veracruz y Campeche. https://www.forbes.com.mx/
¿O será acaso que el presidente Andrés Manuel López Obrador amante de la historia nacional y la hipocresía añora con vehemencia el retorno de un régimen igual de inaudito que el del xalapeño Antonio López de Santa Anna?
¡Mientras no venda el territorio nacional vamos de gane!
Al tiempo.
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