Por David Quitano Díaz
30 de diciembre de 2025.Xalapa.- En Veracruz estamos a un par de días de que haya relevo de 212 alcaldías, y hoy la euforia en algunos lugares es desmedida, no los juzgo, es normal, toda novedad tiene su encanto. Sin embargo, y sin precisar y poner nombre al campo situacional que nos acontece, desde hace casi una década, se ha venido atrofiando la capacidad operativa para dar resultados verdaderos en las gestiones municipales.
En la teoría constitucional, el Artículo 115 nos vende la promesa del “Municipio Libre”, una entidad autónoma, capaz de gestionar su patrimonio y gobernar su destino. Sin embargo, al revisar las cuentas públicas y los datos de la Secretaría de Hacienda, la realidad económica nos despierta con una bofetada, en México, el municipio no es libre, es un dependiente económico crónico.
La situación financiera de los más de 2,400 municipios del país ha pasado de ser una preocupación administrativa para convertirse en una crisis de seguridad nacional. No es una exageración; es aritmética básica.
El problema de raíz es la brutal dependencia de las transferencias federales. Según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en promedio, 8 de cada 10 pesos que gasta un municipio mexicano provienen de la Federación (Ramo 28 y Ramo 33). Hay casos extremos en estados del sur, donde esta dependencia roza el 95%.
Esto genera un fenómeno perverso que en economía llamamos “pereza fiscal”. Si el alcalde sabe que el dinero para la nómina llegará puntualmente desde la Ciudad de México vía participaciones, ¿qué incentivo político tiene para cobrar impuestos locales? Ninguno. Cobrar tiene un costo político electoral; estirar la mano a la Federación, no.
Como estudioso de los temas fiscales, es frustrante ver el desperdicio de la potestad tributaria municipal. El impuesto predial es la columna vertebral de las finanzas locales en todo el mundo desarrollado.
En países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) la recaudación predial representa entre el 1% y el 3% del Producto Interno Bruto (PIB). En México, apenas rascamos el 0.3% del PIB.
¿La razón? Tablas de valores catastrales obsoletas (a veces con retrasos de 10 o 15 años) y una falta de capacidad técnica para el cobro. Los municipios prefieren vivir en la pobreza presupuestaria que actualizar el valor catastral de los predios, porque tocar el bolsillo del votante se considera un suicidio político.
El resultado es un subsidio regresivo, los dueños de grandes propiedades pagan cantidades irrisorias, mientras el municipio carece de recursos para tapar baches o iluminar calles.
A la falta de ingresos propios se suma un cáncer administrativo, los laudos laborales. Administraciones van y vienen, despidiendo personal de confianza sin seguir el debido proceso administrativo.
El resultado son demandas millonarias que, años después, colapsan las arcas del siguiente gobierno. Hay municipios en Veracruz y en el Estado de México donde los pasivos laborales superan el presupuesto anual de obra pública.
La viabilidad del municipio mexicano está en entredicho. No podemos seguir sosteniendo el nivel de gobierno más cercano a la gente con un esquema de “papá gobierno federal”. La solución requiere voluntad jurídica y política, por ejemplo la Profesionalización de las Tesorerías junto a la Bancarización y tecnología aplicada en el sistema de gestión.
Reitero, el artículo 115 nos dio la libertad jurídica, pero la libertad económica no se decreta; se construye con recaudación eficiente y gasto responsable. Mientras los municipios sigan actuando como menores de edad esperando la mesada federal, el desarrollo local seguirá siendo una ficción en los discursos y una tragedia en los servicios públicos.
Una ruta es- reitero- contratar especialistas en ciertas materias, o la otra, contratar despachos que les permitan actualizar la reglamentación municipal, a fin de dotarse de mayores elementos operativos, y así servir mejor a la población.