10 de septiembre del 2025.- La Fiscalía General de la República (FGR) investiga de manera paralela dos casos que han generado atención nacional: la muerte de un marino en Sonora y la operación de una red de contrabando de combustible y armas en distintos puertos del país. El primer caso se trata de Adrián Omar del Ángel Zúñiga, elemento de la Secretaría de Marina que perdió la vida durante una práctica de tiro en Puerto Peñasco. Al respecto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró que hasta ahora parece haberse tratado de un accidente, sin embargo, recalcó que será trabajo de la FGR el determinar las responsabilidades tras realizar las diligencias correspondientes.
Simultáneamente, la institución profundiza en una investigación sobre buques huachicoleros que, supuestamente, además de introducir de manera ilegal grandes cantidades de combustible, eran utilizados para traficar armamento destinado a organizaciones criminales. El aseguramiento del buque Challenge Procyon, el 19 de marzo de 2025 en el puerto de Altamira, destapó el alcance de esta red. La embarcación transportaba cerca de 10 millones de litros de diésel, así como contenedores, tractocamiones y armas, lo que permitió a las autoridades vincular a proceso a empresarios como Héctor Manuel Portales Ávila, Anuar González Hemadi y José Ramírez Guardado.
De acuerdo a las investigaciones, este entramado delictivo operaba con la complicidad de autoridades aduanales y navales, además de empresas “fachada” que presentaban documentación alterada para justificar la carga como aditivos o resinas. Testimonios recabados por la FGR señalan que el combustible se descargaba durante el día, mientras que por la noche se introducían armas que, según las indagatorias, terminaron en manos de cárteles como el del Golfo y el de Jalisco Nueva Generación. Una pieza clave en la investigación ha sido la confesión de Alejandro Torres Joaquín, alias “Santo”, exdirector de la aduana de Tampico, quien reconoció haber autorizado el desembarco de al menos 14 buques entre abril de 2024 y enero de 2025, a cambio de sobornos que alcanzaron los 24.5 millones de pesos, dinero que, según declaró, fue distribuido entre mandos de la Secretaria de Marina (Semar) y colaboradores mediante una cuota de alrededor de 1.75 millones por embarcación.
La red de huachicol fiscal y tráfico de armamento no solo implica la evasión millonaria de recursos para el Estado, sino que exhibe la infiltración de grupos criminales en instituciones encargadas de la seguridad nacional. La FGR mantiene bajo proceso a varios implicados y ha fijado como fecha clave el 30 de octubre de 2025, cuando se realizará una nueva audiencia en el penal de El Altiplano, Estado de México, en la que podrían definirse responsabilidades mayores. Mientras tanto, la muerte del marino en Sonora permanece bajo investigación, en un contexto donde la desconfianza hacia las instituciones militares y aduaneras se intensifica ante las revelaciones de corrupción y colusión con el crimen organizado.