El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca se encuentra en la mira de la FGR desde el año pasado, por investigaciones derivadas del caso Lozoya. La Fiscalía General de la República solicitó el desafuero del gobernador por la probable comisión de delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
“No podrá darse caso de que esto sean una venganza o alguna cosa de tipo político porque el juicio va a ser público ante el Congreso, con todas las pruebas de quienes denunciaron, lo que se hizo en el proceso de investigación”, dijo Gertz en Palacio Nacional.
Al respecto, el fiscal remarcó que los diputados podrán acceder a las pruebas del caso con facilidad.
“Nos estamos sometiendo para que analicen ese caso y lo pueden tratar con toda transparencia”, agregó.
El presidente Andrés Manuel López Obrador también afirmó que el Gobierno no “persigue a nadie”, pero subrayó que la administración federal no encubrirá a ninguna persona.
Por otra parte y como si fuera poco, dentro de este escándalo se han visto involucrados algunos elementos del Grupo de Operaciones Especiales de Tamaulipas, estarían involucrados en la matanza de 19 personas en el municipio de Camargo y el mandatario estatal enfrenta serias acusaciones.
La UIF y la FGR aseguraron que entre abril y diciembre de 2019, se realizaron triangulaciones financieras que le dejaron a dicho panista ingresos aproximados por 42 millones de pesos, que vinieron de una empresa fachada que no cuenta con empleados, capital, ni antecedentes de declaraciones fiscales, denominada TC12.
Mientras que el Gobernador de Tamaulipas por medio de sus redes sociales asegura que nunca ha estado implicado en ningún atropello de los que se le acusan, ni mucho menos ha infringido ni roto ninguna ley. Así mismo, esperará a ser notificado sobre más detalles de su juicio.