27 de octubre del 2025.- Un grupo de trabajadores del asilo Sayago, dependiente de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) y de la Beneficencia Pública, denunció haber sido despedido injustificadamente y sin derecho a seguridad social ni prestaciones laborales.
El abogado Adrian Avendaño Constantino, representante legal de seis de los afectados, informó que en total fueron cesados entre 14 y 15 empleados, muchos de ellos con antigüedades de hasta diez años, pese a que durante todo ese tiempo laboraron bajo contratos eventuales.
“Son trabajadores con muchos años de servicio, profesionistas, licenciados en enfermería, psicólogos, personal calificado. Los mantienen con contratos temporales año con año, sin estabilidad ni seguridad social, lo que les impide hacer un proyecto de vida”, expresó.
Agregó que el argumento utilizado por las autoridades para justificar los despidos fue una supuesta falta de presupuesto, lo cual calificó de “falaz”, ya que en el mismo período han ingresado nuevos empleados, algunos presuntamente familiares de integrantes de la actual administración del asilo.
“Esto no se trata de presupuesto, sino de falta de voluntad y de una violación sistemática a los derechos laborales. El gobierno y la gobernadora han hecho caso omiso; se están despidiendo trabajadores que deberían ser reconocidos como de base”, señaló.
Avendaño Constantino explicó que los trabajadores no cuentan con afiliación al ISSSTE ni al IMSS, a pesar de pertenecer al sistema estatal de salud, lo cual representa una violación a sus derechos humanos y laborales.
“Son trabajadores del Estado, encargados de atender a adultos mayores, y no tienen seguridad social. Cuando enferman los mandan al hospital civil o a centros de salud como si fueran cualquier ciudadano. Llevan más de diez años laborando sin cotizar”, denunció.
La demanda laboral presentada ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Veracruz —ubicado en la calle Santiago Bonilla— incluye como demandados al secretario de Salud estatal, a la gobernadora, a la Beneficencia Pública, al Sindicato Estatal de Trabajadores de Servicios de Salud, al IMSS y al ISSSTE.
Entre las exigencias destacan la reinstalación en sus puestos, el reconocimiento como trabajadores de base, el pago de salarios caídos, primas vacacionales, vacaciones de riesgo y el capital constitutivo para garantizar la seguridad social que se les ha negado durante años.
Asimismo, el abogado mencionó que el asilo, con capacidad para atender a más de 100 adultos mayores, actualmente opera con apenas 35 residentes y que desde hace tiempo no se admiten nuevos ingresos, pese a la necesidad existente en comunidades de escasos recursos.
“El asilo prácticamente está cerrado. Hay colonias con personas que necesitan ingresar, pero no los aceptan por no querer gastar. Hay irregularidades que el gobierno debería investigar, incluyendo el trato a los residentes”, afirmó.
Finalmente, el representante legal subrayó que el caso ya se encuentra en manos del tribunal, luego de que el gobierno estatal no atendiera la etapa de conciliación: “No hubo respuesta a las peticiones. Esperamos que la justicia laboral reconozca los derechos de estos trabajadores que han sido despedidos de manera injustificada”.