Por Carlos Soto

La inteligencia artificial (IA) escapa de las fronteras de la ciencia ficción y ha logrado integrarse de manera imperceptible en nuestra vida cotidiana, ya que desde las rutas que diario nos proporciona el GPS, hasta la recomendación de contenidos en plataformas como Netflix está presente.

La IA simplifica tareas diarias y puede llegar a anticipar algunas necesidades y  esta omnipresencia tecnológica, lejos de ser un mero avance en tareas y áreas básicas de nuestra vida, nos debe invitar a reflexionar sobre su potencial transformador en esferas cruciales de nuestra sociedad.

El sistema de justicia mexicano es un campo donde su uso y aplicación se advierte no solo como una alternativa, sino como una urgencia, ya que derivado de los problemas que actualmente tiene el sistema, resulta necesario indagar en alternativas que puedan mejorar de manera efectiva la realidad de la justicia en México.

México enfrenta una crisis sistemática y estructural en su aparato judicial, marcada por una alarmante lentitud procesal, que aleja a las personas del acceso a una justicia efectiva, una corrupción lastimosa y deleznable que trastoca y vulnera la equidad y la confianza en quienes deciden sobre la vida, la libertad, la propiedad de los justiciables.

Además, un acceso desigual que excluye a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, una impunidad perniciosa que perpetúa que los delitos no sean sancionados. A este complejo entramado de deficiencias estructurales se suman desafíos como la escasez de defensores públicos, la revictimización que enfrentan las mujeres en la búsqueda de justicia con perspectiva de género, y la falta de accesibilidad del sistema para diversas comunidades. En este contexto desafiante, la implementación estratégica de la IA emerge como un faro de esperanza, ofreciendo herramientas innovadoras para revitalizar el sistema de justicia en sus múltiples dimensiones.

Contrario a la percepción errónea de la IA como una amenaza para las y los profesionales del derecho, su aplicación exitosa en otros países demuestra su valioso papel en la administración de justicia. Desde la automatización de tediosas tareas administrativas hasta la sofisticación del análisis probatorio, la IA libera a las personas juzgadoras para que puedan concentrarse en la esencia de los problemas jurídicos, como la interpretación, la argumentación y la toma de decisiones más equitativas y justas.

En ese escenario, conviene imaginarse por ejemplo, un sistema donde la carga burocrática se aligera significativamente, permitiendo una gestión de expedientes más eficiente, una programación de audiencias optimizada y, en última instancia, una resolución de casos rápida, mejor fundamentada, y con perspectiva de protección a los derechos fundamentales.

La promesa de la IA trasciende la mera eficiencia; también radica en su capacidad para democratizar el acceso a la justicia. En regiones donde la presencia de profesionales del derecho es limitada o los costos de la asesoría legal son bastante onerosos, plataformas de IA pueden ofrecer orientación jurídica básica en tiempo real, derribando barreras económicas y proporcionando respuestas inmediatas a consultas sencillas. Esta democratización se extiende al lenguaje de las resoluciones judiciales, donde la IA puede actuar como un traductor del complejo léxico legal a un lenguaje claro y accesible para todos los ciudadanos, incluyendo comunidades indígenas y personas con bajos niveles de escolaridad, fomentando así una mayor comprensión y confianza en las decisiones judiciales.

Para ejemplificar las áreas de oportunidad donde la IA favorece de manera real y cotidiana los sistemas jurídicos donde se ha implementado, se identifican seis áreas estratégicas de aplicación de la IA en el sistema de justicia mexicano:

  1. Automatización: La IA puede revolucionar la gestión de documentos, la programación de diligencias y la notificación a las partes, liberando recursos humanos y acelerando significativamente los plazos judiciales, combatiendo así el rezago histórico.
  2. Lenguaje común: Implementación de sistemas de IA capaces de generar y traducir resoluciones judiciales a un lenguaje sencillo y comprensible, adaptándose a las diversas realidades culturales y geográficas del país, generando que las y los justiciables tengan acceso claro y entendible a las determinaciones, ya que actualmente existe una barrera entre las sentencias y las personas, derivado del alto contenido técnico y muchas veces, de que estos son textos kilométricos que hacen imposible su comprensión.
  3. Análisis de Pruebas: La IA procesa actualmente, en algunos sistemas de justicia, grandes volúmenes de material probatorio de manera eficiente y objetiva, identificando patrones, inconsistencias y conexiones que podrían pasar desapercibidas, fortaleciendo la labor de investigación y la fundamentación de las decisiones judiciales.
  4. Asistencia Legal Virtual: Desarrollar plataformas de IA que ofrezcan orientación legal básica, respondan preguntas frecuentes y guíen a la ciudadanía en los juicios, sin duda facilita y hace más accesible el sistema de impartición de justicia, esta realidad se ve patente en países como España y Argentina, donde existen chats capaces de asesorar de manera efectiva a las personas. Esto, sin duda es un avance que beneficia a las personas más desprotegidas.
  5. Evaluación de Riesgos: La implementación de algoritmos de IA que analicen datos históricos y criterios objetivos para evaluar el riesgo procesal y de reincidencia, proporciona las personas juzgadoras  herramientas para tomar decisiones más informadas y consistentes en materia de medidas cautelares y sentencias, reduciendo la arbitrariedad en casos, por ejemplo, de prisión preventiva.
  6. Transparencia: La IA puede analizar vastas cantidades de datos judiciales para identificar patrones de comportamiento sospechoso, posibles irregularidades o sesgos en las decisiones, generando informes y alertas que promuevan la rendición de cuentas y fortalezcan la integridad del sistema.

La implementación de la inteligencia artificial en el sistema de justicia mexicano es más que una opción; es una necesidad urgente que responde a las graves deficiencias estructurales que enfrenta el sistema. La lentitud procesal, la corrupción, la falta de accesibilidad y la impunidad son problemas que no solo afectan la eficiencia del sistema, sino que erosionan la confianza de los ciudadanos en la justicia. La IA ofrece una vía para superar estas barreras, permitiendo agilizar los procesos, aumentar la transparencia y garantizar un acceso equitativo a la justicia para todos.

Al integrar la IA de manera estratégica en áreas clave como la automatización de tareas administrativas, el análisis de pruebas y la asistencia legal, se pueden reducir significativamente los tiempos de espera y mejorar la calidad de las decisiones judiciales. Las herramientas tecnológicas no vienen a reemplazar a los operadores del derecho, sino a fortalecer su trabajo, permitiéndoles centrarse en lo esencial: aplicar la ley de manera justa y equitativa. Con la IA, los profesionales del derecho pueden contar con un aliado poderoso que optimiza la gestión y la precisión de los procesos judiciales.

En un país como México, donde una gran parte de la población carece de recursos para acceder a una asesoría legal adecuada, la inteligencia artificial puede ofrecer orientación jurídica básica de manera accesible y oportuna. Esta herramienta tecnológica tiene el potencial de derribar barreras económicas y lingüísticas, acercando la justicia a quienes más lo necesitan, especialmente a comunidades marginadas y personas de escasos recursos.

En resumen, la integración de la inteligencia artificial no solo es una herramienta para modernizar el sistema de justicia, sino una respuesta concreta y efectiva a la deuda histórica que México tiene con sus ciudadanos. Es el momento de abrazar esta revolución tecnológica, no solo como una innovación, sino como una necesidad para garantizar que la justicia llegue a todos de manera eficiente, transparente y justa. Aprovechar el potencial de la IA será, sin duda, un paso fundamental hacia un sistema judicial más ágil, confiable y accesible para todas las personas que esperan, de manera urgente, una justicia cercana y efectiva.

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