09 de junio de 2025. Xalapa, Ver.- Derivado de los últimos acontecimientos sobre la militarización de una parte de la frontera con el objetivo de evitar el tráfico de drogas de México a Estados Unidos de América (EUA), es oportuno retomar el tema a la luz de los derechos humanos.
Es histórico el tema de la inmigración de mexicanos en EUA, sin embargo, en su evolución, de acuerdo a factores políticos, económicos y sociales, se han desarrollado estrategias políticas para su regulación, como la política “Tolerancia cero”, que han vinculado el tema con la violación a los derechos humanos de las y los connacionales.
Sin embargo, el gobierno mexicano en su compromiso por protegerlos ha implementado acciones en política exterior y atención como los programas para el bienestar, y es que México tiene flujos migratorios que lo convierten en país de tránsito y de destino, con un aumento hasta el 2023 del 77% anual de eventos registrados por el Instituto Nacional de Migración (INM).
Atendiendo a dicha problemática, es que nuestro país, a través de dependencias como el INM, que es un organismo desconcentrado de la Secretaria de Gobernación, busca garantizar la protección de las personas inmigrantes y emigrantes, brindándoles atención médica y albergue, así como el trabajo en conjunto de organizaciones civiles.
Por otro lado, las recomendaciones de organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) subrayan la necesidad de reformas estructurales y un enfoque centrado en los derechos humanos para abordar estas problemáticas y es que la militarización de la política migratoria en México se ha intensificado en los últimos años con la movilización de aproximadamente 30,000 soldados para el control migratorio.
México cuenta con la Estrategia Interinstitucional de Atención Integral a Familias Mexicanas Repatriadas y en Retorno que incluye diversos servicios y programas sociales de apoyo para el regreso y reintegración social, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) con 9 oficinas repartidas en el territorio mexicano, entre otros.
Pero este tema no solo es prioritario para el país, a nivel mundial se tiene la necesidad de reformar e impulsar proyectos de legislación migratoria, donde se vele por los derechos de los migrantes, se les asesore y apoye en su trayectoria, que, al llegar a su destino, sus derechos sean velados por el gobierno del país del que se trate, adoptando condiciones laborales seguras y el acceso a servicios públicos de calidad como trabajadores migrantes, independientemente de su estatus migratorio.