06 de noviembre del 2025. Veracruz.- El Gobierno de México, a través de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó el inicio de la segunda fase de ayuda económica dirigida a las familias, comerciantes y productores agrícolas afectados por las intensas lluvias e inundaciones registradas el mes anterior en Veracruz y otras cuatro entidades del país (Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro). Esta nueva ronda de recursos comenzará a dispersarse a partir del próximo lunes 10 de noviembre.
A diferencia de la primera entrega, que consistió en un monto uniforme de 20 mil pesos para cubrir necesidades inmediatas de limpieza y enseres básicos a más de cien mil hogares (cifra que la Secretaría de Bienestar ajustó a cerca de 94 mil en los cinco estados), esta segunda etapa está destinada a la reconstrucción y reactivación económica, por lo que las cantidades variarán según la magnitud de los daños detectados durante el censo.
De acuerdo con los anuncios oficiales, el apoyo para las viviendas que sufrieron afectaciones oscilará entre 25 mil y 70 mil pesos, dependiendo del nivel de pérdida. Los locales comerciales impactados recibirán hasta 50 mil pesos para su recuperación, mientras que los productores del campo contarán con recursos que van de 50 mil a 100 mil pesos, determinados por el número de hectáreas damnificadas.
La transferencia de los fondos se efectuará de manera directa a los beneficiarios que ya fueron censados, quienes recibirán una notificación personalizada a través de un mensaje de texto (SMS) con la información precisa sobre la sede, fecha y hora en la que deberán presentarse con una identificación oficial en las mesas de atención de la Secretaría del Bienestar y el Banco del Bienestar.
En un contexto más amplio, la presidenta Sheinbaum estimó una inversión inicial de 10 mil millones de pesos para hacer frente a la emergencia mediante estos apoyos directos. Además, anunció que la estrategia de recuperación incluye un plan a largo plazo que contempla la reubicación de familias cuyas viviendas se encuentran en zonas de alto riesgo, una medida cuya implementación comenzará a partir de 2026, asegurando que se realizará únicamente con el consenso y la información previa de la población afectada.