Perote, Ver.- La deforestación en el Cofre de Perote ha provocado señalamientos y preocupaciones entre legisladores, organizaciones ambientales y vecinos de la región que advierten sobre la vulnerabilidad del área natural protegida, ante posibles prácticas irregulares y la falta de acción eficaz por parte de las autoridades locales y federales.

El diputado federal Adrián González Naveda aseguró que existen pruebas de irregularidades relacionadas con tala clandestina en la zona del Cofre de Perote, y cuestionó la actuación de instancias como la Fiscalía General de la República (FGR) y la PROFEPA, al considerar que no se han abordado con firmeza casos de explotación de madera y uso del suelo que afectan el equilibrio ecológico de la montaña.

La preocupación gira en torno al impacto ambiental de la deforestación en el Cofre de Perote, un área natural protegida que forma parte del Parque Nacional Cofre de Perote, y que enfrenta pérdidas continuas de bosques como resultado de tala clandestina, cambio de uso de suelo y explotación de recursos sin las debidas medidas de restauración o sanciones efectivas.

Expertos ambientales han señalado que la deforestación en la región contribuye a la pérdida de cobertura forestal, erosión del suelo y debilita la capacidad de retención de agua de los ecosistemas, afectando no solo la biodiversidad, sino también el abastecimiento hídrico de municipios cercanos, como Xalapa y Perote.

Además, estudios han reportado que entre 2001 y 2023 Veracruz perdió cerca del 17 % de su cobertura forestal, lo que incluye territorios boscosos alrededor del Cofre de Perote y otras áreas protegidas, reflejando una presión constante sobre los recursos naturales de la entidad.

Organizaciones ambientalistas, colectivos comunitarios y vecinos de Perote y municipios aledaños han exigido la intervención de instancias ambientales, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y autoridades estatales para implementar estrategias de conservación más estrictas y programas de restauración forestal, así como sanciones claras para quienes infrinjan la legislación ambiental.

Por su parte, comunidades rurales han reportado que el avance de actividades ilegales como la tala clandestina y la comercialización de madera sin los permisos correspondientes contribuyen a un deterioro acelerado del paisaje forestal y la biodiversidad, lo que subraya la necesidad de acciones más coordinadas entre autoridades y sociedad civil.

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