Por Vianey Hernández
Veracruz, Ver.- El Ayuntamiento de Veracruz presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo MAS), por posibles delitos de administración fraudulenta y fraude en grado de tentativa, relacionados con el manejo de recursos y los cobros del servicio de agua potable.
A través de sus redes sociales, la alcaldesa Rosa María Hernández Espejo dio conocer que uno de los señalamientos corresponde a pagos por 176.7 millones de pesos realizados durante 2024 y 2025 a empresas vinculadas con la compañía española ACCIONA, así como a remuneraciones anuales de hasta 5.8 millones de pesos para algunos directivos. La administración municipal solicitó investigar estas operaciones para determinar si existieron irregularidades.
Otro de los puntos de la denuncia es una cartera de presuntos adeudos por 2 mil 660 millones de pesos que la empresa habría intentado cobrar a más de 82 mil familias. Según el Ayuntamiento, el Instituto Metropolitano del Agua (IMA) rechazó la solicitud debido a inconsistencias y a la falta de documentación suficiente para acreditar legalmente los montos reclamados.
Del total señalado, más de 656 millones de pesos corresponderían a conceptos identificados como “consumos no facturados”. El gobierno municipal también pidió revisar posibles irregularidades relacionadas con la antigüedad de las cuentas, la prescripción de adeudos y la aplicación de recargos.
A través de su Dirección de Asuntos Legales, el Ayuntamiento solicitó peritajes contables y financieros, además de la revisión de contratos y documentación fiscal para determinar si existieron daños y establecer posibles responsabilidades. También pidió que se consideren las observaciones derivadas de las auditorías realizadas por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS).
La edil sostuvo que su administración continuará con las acciones legales para esclarecer los hechos y proteger los recursos públicos y los derechos de los usuarios del servicio de agua potable. Corresponderá a las autoridades ministeriales investigar los señalamientos y determinar si existen elementos para proceder penalmente.