Xalapa, Ver.- El diputado federal Adrián González Naveda exigió al Ayuntamiento de Perote resolver la demanda de 72 familias de ferrocarrileros jubilados, pensionados y sus sucesores, quienes desde hace siete años solicitan terrenos para construir una vivienda, al señalar que existen disposiciones federales y un convenio de donación relacionados con sus derechos.
Acompañado por representantes de los trabajadores, el legislador del Partido del Trabajo (PT) acusó a las autoridades municipales de no ofrecer una respuesta definitiva, pese a las solicitudes y gestiones realizadas durante este periodo. Los afectados sostienen que cuentan con documentación relacionada con la asignación de los predios conocidos como Pinza.
Federico Moreno Martínez, representante de los ferrocarrileros de la región, explicó que la demanda se originó tras la desincorporación de Ferrocarriles Nacionales de México, cuando se establecieron disposiciones para que jubilados, pensionados y sus sucesores pudieran acceder a terrenos destinados a vivienda.
El representante señaló que las familias han presentado escritos y realizado gestiones ante el Ayuntamiento durante siete años, sin obtener una solución. También afirmó que existe incertidumbre sobre la propiedad y el destino de los terrenos, mientras las autoridades municipales mantienen el asunto en revisión.
Por su parte, González Naveda sostuvo que los predios fueron donados al municipio durante los últimos días del gobierno de Enrique Peña Nieto y que, posteriormente, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, se emitió un decreto relacionado con la demanda de los ferrocarrileros. Aseguró que el convenio de donación contempla disposiciones para proteger los derechos de los jubilados y sus familiares.
El diputado añadió que el Ayuntamiento ha argumentado que los terrenos están contemplados para un polideportivo y un arco vial, aunque, según su versión, las obras no se han concretado. Ante ello, solicitó instalar una mesa institucional con la participación del municipio, el Gobierno de Veracruz, el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) y representantes jurídicos del sector ferroviario para revisar la documentación y buscar una solución.