Por Mauricio Lascurain
El 19 de julio, en un acto por el aniversario de la revolución sandinista, Daniel Ortega dijo en voz alta lo que en Nicaragua ya se sabía. Que ahí no volverá a haber elecciones. Dos días después la Asamblea Nacional, que él controla, empezó a preparar las reformas para dejarlo por escrito en la Constitución. Ortega tiene 80 años, gobierna desde 2007 y desde el año pasado comparte la presidencia con su esposa.
La reacción fue la esperada. Costa Rica y Panamá protestaron, Panamá llamó a consultas a su embajador, la OEA condenó y Washington avisó que no se quedaría con los brazos cruzados. Hasta ahí llegó todo. Ahí aparece la pregunta que muchos se están haciendo. En enero Estados Unidos bombardeó Caracas, se llevó esposado a Nicolás Maduro a Nueva York y anunció que administraría Venezuela mientras hubiera una transición. A Cuba le cortó el petróleo venezolano y le puso fecha a un cambio de régimen. A Nicaragua le mandó un comunicado y unas sanciones contra los hijos de Ortega. ¿Por qué la diferencia?
La respuesta más simple es la más incómoda. Nicaragua no tiene petróleo. Venezuela sí, y Trump lo dijo sin rodeos, que se quedaría con esas reservas y metería empresas estadounidenses a levantar la industria. Nicaragua vende café, carne, oro y ropa hecha en zonas francas, y se la vende casi toda a Estados Unidos.
La segunda respuesta está en Florida. Cuba es un tema electoral en Miami y el secretario de Estado, Marco Rubio, hizo su carrera con ese asunto. Nicaragua no mueve votos.
La tercera es la que menos se dice. Ortega sirve. Coopera contra el narcotráfico, ha servido de muro de contención migratoria en la frontera con Costa Rica y sostiene fábricas que dan empleo formal. En diciembre Washington decidió no sacarlo del tratado de libre comercio, porque hacerlo habría dejado sin trabajo justo a la gente que después saldría a migrar. Un dictador que retiene a su población es un dictador manejable.
Pero la pregunta esconde una trampa. Actuar igual que en Venezuela significó bombas a las dos de la mañana, un presidente sacado por la fuerza y una potencia extranjera diciendo que ella se haría cargo del país mientras tanto. Eso no es un programa de democratización. Quien quiera lo mismo para Nicaragua debería decir en voz alta lo que está pidiendo.
Y nada de esto nos queda lejos. Cuando Washington quiso apretar a La Habana, amenazó con aranceles a Pemex por llevarle combustible. México respondió que esa decisión era suya. Así funciona el vecindario.
Queda una lección que conviene anotar. Lo que decide quién recibe castigo no es la democracia, sino lo que ese país tiene, lo que le importa a los votantes del norte y lo útil que resulta el gobernante en turno. Ortega entendió eso hace mucho tiempo. Por eso lo dijo en un acto público, sin miedo, mientras los demás seguimos discutiendo si alguien va a hacer algo.