Xalapa, Ver.- La Fiscalía General del Estado de Veracruz comenzó con la judicialización de los primeros expedientes relacionados con el denominado presunto “cártel inmobiliario”, informó la fiscal general Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, quien confirmó que Salvador Matías fue vinculado a proceso por el delito de fraude procesal en agravio de dos víctimas.
La titular del organismo explicó que el caso está relacionado con un inmueble ubicado en la zona de La Isleta, el cual forma parte de las investigaciones por presuntos despojos y operaciones irregulares relacionadas con bienes inmuebles.
Jiménez Aguirre aclaró que el imputado no se desempeñaba como notario público, aunque señaló que forma parte del grupo de personas que presuntamente se identificaban como integrantes del llamado “cártel inmobiliario”.
La fiscal indicó que este expediente es uno de los primeros casos que ya fueron llevados ante un juez, aunque existen diversas carpetas de investigación en integración y otras que ya cuentan con solicitudes para realizar audiencias iniciales.
Explicó que, en delitos patrimoniales como el fraude procesal, la Fiscalía busca inicialmente que los señalados comparezcan ante la autoridad judicial en libertad. En caso de no acudir al llamado del juez, se solicitarían órdenes de aprehensión para garantizar su presentación.
“Una orden de aprehensión no es más que un medio de conducción ante un juez de control”, señaló la funcionaria estatal.
La fiscal detalló que las investigaciones avanzan conforme a los procedimientos legales y la disponibilidad de los juzgados, pero destacó que estos casos tienen prioridad debido a que afectan directamente el patrimonio de familias veracruzanas.
Asimismo, señaló que las carpetas se encuentran distribuidas entre distintas áreas de la Fiscalía, como la Fiscalía Regional de Xalapa, la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, debido a la participación de diferentes perfiles.
Entre los posibles involucrados mencionó a notarios públicos, jueces, funcionarios judiciales, personal del Registro Público de la Propiedad, trabajadores de Catastro, abogados litigantes y otros servidores públicos.
Sobre los notarios relacionados con estas investigaciones, recordó que existe al menos un caso en la región Orizaba-Córdoba donde ya se ejecutó una orden de aprehensión, aunque evitó proporcionar una cifra total al señalar que aún se trabaja en un reporte consolidado.
Jiménez Aguirre aseguró que las investigaciones llegarán hasta cualquier persona que haya participado en actos para afectar el patrimonio de ciudadanos y afirmó que no habrá impunidad.
“Aquí no va a haber impunidad. Sea quien sea y se encuentre en la dependencia que se encuentre, se va a proceder conforme a la ley”, sostuvo.
Finalmente, la fiscal señaló que la institución mantiene comunicación permanente con las víctimas para informarles sobre el avance de sus casos y adelantó que continuarán presentándose resultados sobre las acciones contra el presunto “cártel inmobiliario” en Veracruz.