Por Mauricio Lascurain
La polémica en torno a Marcelo Ebrard (actual Secretario de Economía y ex canciller) por la estancia de su hijo en la residencia oficial de la Embajada de México en Londres no es un asunto menor ni puede reducirse, como él sugiere, a un gesto paternal sin consecuencias. Se trata, en realidad, de un caso que pone a prueba los límites entre lo público y lo privado en el ejercicio del poder, más aún cuando se inscribe en un contexto de señalamientos sobre posibles irregularidades y desvío de recursos en esa misma representación diplomática.
De acuerdo con diversas investigaciones periodísticas, su hijo vivió alrededor de seis meses en la sede diplomática durante el tiempo en que Ebrard era canciller, con acceso a instalaciones, servicios y personal asignado al Estado mexicano. Aunque el propio funcionario ha insistido en que no hubo uso indebido de recursos públicos y que todo derivó de un ofrecimiento de la entonces embajadora, el problema no radica únicamente en la legalidad formal del acto, sino en su dimensión ética y política.
En sistemas democráticos, la corrupción no se limita al desvío directo de dinero; también incluye el uso de posiciones de poder para obtener beneficios, privilegios o tratos diferenciados. En este caso, la pregunta central no es si hubo un pago indebido, sino si cualquier ciudadano mexicano habría tenido acceso a ese mismo “ofrecimiento”. La respuesta parece evidente.
Las embajadas no son hoteles ni residencias familiares extendidas. Son espacios del Estado, financiados con recursos públicos y destinados a funciones diplomáticas específicas. Permitir que un familiar de alto nivel político habite durante meses en una de estas sedes, con servicios incluidos, erosiona la frontera entre el interés público y el privado. Y esa erosión, aunque se disfrace de normalidad, es precisamente el terreno donde florecen prácticas clientelares.
Más preocupante aún es la reacción del propio Ebrard. Su defensa no se articula en torno a estándares de transparencia o rendición de cuentas, sino a una lógica personal como la preocupación de un padre. Ese argumento, emocionalmente comprensible, es institucionalmente insuficiente. El servicio público exige justamente lo contrario, subordinar lo personal a lo público.
En el fondo, este episodio también revela una contradicción más profunda del discurso político actual. Durante años, el proyecto de la llamada Cuarta Transformación ha construido su legitimidad sobre una narrativa clara, en el pasado todo era corrupción, mientras que el presente encarna una ruptura ética. Sin embargo, casos como este sugieren algo distinto, no es que la corrupción haya desaparecido, sino que ha cambiado de nombre. Bajo esta lógica, pareciera que los propios no incurren en faltas, sino en “situaciones justificables”, mientras que los ajenos siguen representando todos los vicios del sistema. Es, en términos simples, la peligrosa idea de que mis corruptos no son corruptos, pero los otros sí.
El problema no es solo lo que ocurrió en Londres, sino lo que representa. Cuando un funcionario de alto nivel no percibe conflicto alguno en el uso de instalaciones públicas para fines personales, el mensaje es claro: el poder sigue entendiéndose como un espacio de excepción. Y ahí radica el verdadero riesgo, cuando la corrupción deja de parecerlo, se vuelve parte del sistema.