14 de marzo de 2026. CDMX.- La Fiscalía General de la República (FGR), en un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ejecutó la orden de aprehensión contra Blanca María “N”, quien fungió como servidora pública de la desaparecida Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Guerrero durante 2014. La detención se llevó a cabo el pasado martes por la noche en un domicilio de la Ciudad de México, aunque la información se hizo pública este viernes.
A Blanca María “N” se le imputan delitos relacionados con la obstaculización de la justicia y la desaparición forzada, específicamente por su presunta responsabilidad en la pérdida o destrucción de material probatorio crucial.
El misterio de los videos del Palacio de Justicia
La relevancia de esta detención radica en uno de los puntos más oscuros de la investigación original:
-
La evidencia perdida: Se investiga su participación en el ocultamiento de los videos captados por las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014.
-
El contenido: Dichas grabaciones habrían registrado el momento exacto en que un grupo de estudiantes fue interceptado por patrullas frente al recinto judicial, una de las últimas localizaciones confirmadas de los normalistas.
-
La acusación: Durante años, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) señaló que estas grabaciones fueron destruidas deliberadamente para proteger a los perpetradores.
Detalles del operativo y coimputados
El cateo, realizado bajo un estricto protocolo de seguridad, no solo resultó en la captura de la exfuncionaria:
-
Segunda detención: En el mismo domicilio fue asegurada Margarita “A”, quien se encontraba con la investigada al momento del arribo de los agentes federales.
-
Traslado: Ambas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial correspondiente para determinar su situación jurídica y su posible vinculación a proceso.
Impacto en el caso Ayotzinapa
Esta detención ocurre en un momento de alta presión política para el gobierno federal, que ha mantenido el compromiso de resolver el caso antes de que concluyan las investigaciones del periodo 2024-2030. La captura de Blanca María “N” podría abrir nuevas líneas de interrogatorio para localizar el soporte físico de los videos o, en su defecto, obtener testimonios sobre quién ordenó su destrucción desde los niveles más altos del gobierno estatal de aquella época.