06 de marzo de 2026. Costa Rica.- En un adelanto de lo que será su política de seguridad, la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, dejó clara su intención de blindar al país frente al avance de los grupos criminales. En una entrevista reciente para Milenio, la futura mandataria utilizó la situación de violencia en México como un referente negativo que su gobierno buscará evitar a toda costa.
Fernández, quien obtuvo la victoria con el 48% de los sufragios, llegará al poder con un respaldo político considerable, lo que le otorga el músculo legislativo necesario para implementar reformas estructurales que sus antecesores no pudieron concretar.
Estrategia de Seguridad: Reformas y Medidas de Excepción
La hoja de ruta de la nueva administración costarricense contempla medidas que rompen con la tradición pacifista del país:
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Suspensión de Garantías: Fernández adelantó que, de ser necesario, solicitará la suspensión de garantías individuales en regiones específicas donde la presencia de sicarios y grupos delictivos amenacen la paz social. Esta medida facilitaría operativos de captura sin las restricciones legales habituales.
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Reformas Judiciales: Se prevé un paquete de cambios legales para agilizar procesos penales y endurecer las penas contra delitos vinculados al crimen organizado.
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Control Territorial: La presidenta electa enfatizó que no permitirá que el país se convierta en un centro de operaciones para cárteles internacionales, reforzando la vigilancia en puertos y fronteras.
Margen de Maniobra Político
A diferencia del gobierno actual, Laura Fernández iniciará su mandato el próximo 8 de mayo con una posición de fuerza en el Congreso:
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Mayoría Legislativa: Contará con 31 de los 57 diputados, lo que le asegura la aprobación de leyes clave sin depender de coaliciones frágiles con la oposición.
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Legitimidad Popular: Su amplia victoria electoral le otorga un mandato claro para ejecutar sus promesas de campaña centradas en la seguridad y el orden.
“No queremos convertirnos como lo que tristemente pasa en México”, sentenció Fernández, subrayando que su prioridad será detener el deterioro de la seguridad pública antes de que alcance niveles críticos.
Este cambio de tono en la política costarricense refleja una tendencia regional donde los gobiernos buscan replicar modelos de seguridad más restrictivos para combatir la expansión del crimen trasnacional.
Por la Redacción
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